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EL SACERDOTE Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA
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El Estado no es el padre de innumerables hombres y mujeres dispersos que son los  ciudadanos, sino el órgano jurídico de la sociedad que tiene por única misión procurar el bien común de la misma; por consiguiente, debe, mediante el ejercicio de los poderes de que está dividido, procurar aquel conjunto de condiciones  de toda índole que hagan posible  que las instituciones en las que el hombre y la mujer han nacido o han creado cumplan con su función, no solamente proporcionando el beneficio para el que fueron concebidas o establecidas, sino para que se ordenen al bien general; debe el Estado suplir, pero nunca suplantar a las instituciones menores.

El Estado que quiere cumplir con su misión debe evitar el paternalismo, haciendo que se despierten las energías vitales de los grupos e instituciones que componen la sociedad a fin de que, funcionando éstas debidamente, de la conjugación de las distintas fuerzas sociales nazca una verdadera vida social, dentro de la cual se desarrolle armoniosamente la personalidad de cada uno de los habitantes del país.

Ante una situación concreta de injusticia social, el Estado tiene el deber de tomar las medidas necesarias para lograr una justa y equitativa distribución de la riqueza, respetando los derechos naturales y los adquiridos legítimamente de personas físicas o morales, individuos o instituciones, sin miramientos a intereses no legítimos de individuos o de grupo, pues ese factor es fundamental en la solución del problema social que oprime al hombre y a la mujer de hoy.

Los particulares, asumiendo su responsabilidad y organizándose debidamente, pues la justicia social no puede alcanzarse por ellos sino a condición de que convengan en alcanzarla de una manera institucional. El concepto verdaderamente humano de la sociedad es que ésta no debe ser un todo amorfo, ni un conjunto de átomos dispersos que son los hombres y mujeres bajo la férula del Estado; sino que, unas veces la persona nace dentro de  instituciones que llamamos naturales y otras las crea la persona misma para hacer frente a sus necesidades o procurar su mutua defensa y perfección. La vitalidad del cuerpo social depende de la vida intensa de los individuos que, persiguiendo un objeto, se unen en grupos, asociaciones o instituciones, para alcanzarlo más fácilmente y mediante esas instituciones se busca el bien común total de la sociedad. El bien común, bien colectivo, se alcanza por acciones colectivas y debe ser la resultante y condición del buen funcionamiento de las distintas instituciones que componen la sociedad.

La misma Iglesia como institución, no puede mantener una postura neutral frente a los graves problemas de la sociedad; sino que está obligada, por su propia vocación,  a adoptar una posición clara, siempre que lo exija la justicia y la caridad, para indicar en Cristo el sentido último y completo de los acontecimientos humanos, para condenar sin paliativos las violencias y los abusos y para impulsar las más audaces opciones a favor del hombre y la mujer, de su dignidad y libertad.

El rasgo específico de la presencia y la acción sociopolítica de la Iglesia institución y de los presbíteros reside principalmente en la naturaleza pastoral (ética y religiosa) de su intervención. Sin embargo, la autoexclusión de los hombres de Iglesia de la lucha política directa no significa ciertamente una renuncia ni un desprecio; al contrario, es la condición necesaria para hacer más. Por ejemplo, en la lucha por la justicia un presbítero o un religioso que evangeliza es mucho más revolucionario que un presbítero o religioso que dispara.  En la lucha contra el crimen organizado, es mucho más importante un presbítero o un religioso que, mediante su acción evangelizadora, convierte las conciencias, las mentalidades y las costumbres, que un presbítero o que un religioso que milite en un movimiento antimafia. Por tanto, ésta autoexclusión de la Iglesia institucional de la política, jamás debe significar indiferencia o desinterés de la Iglesia por la confrontación política, por los problemas económicos, por los programas de gobierno y por la lucha de la justicia.

* Director General de Cáritas Diocesana Morelia, I.A.P.

 

P. Gustavo Martínez Jáimez*

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