Migrantes4

Hna. Irma G. Murrieta, HSS

El segundo plazo que estableció una Jueza federal de los Estados Unidos para avanzar en la reunificación de los padres migrantes con sus hijos menores de cinco años venció el 10 de julio y el gobierno de Donald Trump no lo cumplió con precisión. Habían pedido una extensión o prórroga, pero la Jueza que ventila el caso, Dana Sabraw, no aceptó la petición.

El siguiente plazo establecido por el Tribunal vendrá el 26 de julio. Esa fecha, todos los menores de edad que están lejos de sus padres por la aplicación de la política antiinmigrante de Trump tendrán que volver con su familia.

El Gobierno argumenta que necesita más tiempo para verificar y confirmar las identidades, incluso con pruebas de ADN, que ya se han puesto en marcha.

Alrededor de 3,000 niños y adolescentes fueron separados de sus familias desde mayo pasado y alojados en centros administrados por el Departamento de Salud (HHS). La mayoría de sus familiares están bajo custodia de las autoridades migratorias, aunque algunos ya han sido deportados. Cerca de 80% son adolescentes que llegaron solos al país y la amplia mayoría, de acuerdo a datos oficiales de EE UU, proviene del Triángulo Norte de Centroamérica.

Trump celebró una conferencia de prensa donde los periodistas le preguntaron cómo pensaban abordar el atraso en cumplir la orden judicial de reunir a las familias migrantes. “Bueno, tengo una solución. Díganle a la gente que no vengan a nuestro país de manera ilegal. Ésa es la solución”.

En esa misma línea, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen, pidió a los centroamericanos evitar la migración por puntos ciegos, o fuera de los puertos oficiales de entrada. La funcionaria se reunió en la capital de Guatemala con los Cancilleres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador en busca de soluciones a la oleada migratoria a Estados Unidos y dijo: “Voy a continuar alentando a aquellos que están tomando ese camino (de migrar), por favor háganlo por la vía legal”.

Algunos de los padres reunificados con sus hijos han sido puestos bajo libertad condicional –con monitores electrónicos– en espera de que procedan sus solicitudes de asilo. Muchos han tenido que buscar dónde alojarse y cómo cuidar y alimentar a sus hijos sin poder trabajar. En muchos casos, buscan posada con familiares, pero algunos defensores de inmigrantes expresan preocupación de que al tener que identificar con quién y dónde están viviendo, podrían poner en riesgo a estas familias si también son indocumentadas.