En marzo pasado salieron a la luz pública diversos casos en torno a la explotación laboral que padecen miles de jornaleros en México, y que incluye bajos salarios, jornadas laborales de más de 12 horas, cero prestaciones laborales –como aguinaldo, seguro social y vacaciones–, además de denuncias de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los empleadores y la contratación de menores de edad en los campos agrícolas.
El 16 de marzo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció el rescate de más de 200 indígenas rarámuris que laboraban en condiciones de explotación infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.
De acuerdo con la dependencia federal, los indígenas, entre los que se encontraban niños y mujeres, fueron reclutados en Chihuahua por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, y trasladados con engaños a Comondú, en Baja California Sur, para trabajar “en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial”.
Una semana después, el 23 de marzo, la STPS rescató a 49 jornaleros agrícolas mixtecos, 13 de ellos menores de edad, de un centro de trabajo dedicado a la producción de pepino, en el estado de Colima.
Pero el caso que se mantiene todavía en los reflectores de la opinión pública es el de la comunidad de San Quintín en Ensenada, Baja California. El pasado 17 de marzo, cientos de jornaleros agrícolas de esta localidad realizaron un paro general y bloqueos en la carretera Traspeninsular para denunciar la explotación laboral que sufren.
Jornaleros agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus) iniciaron la lucha en demanda de mejores condiciones laborales y en protesta por la falta de interés que el Gobierno Estatal de Baja California –que encabeza el Gobernador de extracción panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid– le concedió al pliego petitorio que emitieron en octubre del año pasado.
Luego de más de 30 horas de bloqueos, policías de los tres niveles de gobierno desalojaron a los jornaleros y detuvieron a 200 trabajadores. En el enfrentamiento presuntamente usaron balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir la manifestación.
Tras dos días de bloqueos y protestas, finalmente el mandatario local acudió a las mesas de negociaciones, las cuales concluyeron el pasado 28 de marzo con el levantamiento del paro. De acuerdo con medios locales, la mayoría de los jornaleros regresaron a los campos, sin embargo voceros de la Aonemjus desmintieron esta versión y dijeron que se mantenían en la lucha.
Las condiciones laborales de los jornaleros es un tema que mantiene en alerta tanto a las organizaciones sociales como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Gobierno federal, que el mes pasado rescató a más de 400 trabajadores que laboraban y vivían en condiciones infrahumanas en campos agrícolas del país.

Hna. Irma G. Murrieta M.
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